Comencemos con la primera perla de este collar: el proyecto para controlar la natalidad, o el código de paternidad y maternidad responsable, propuesto por la Senadora Gilma Jiménez del Partido Verde, quién ya se había hecho célebre con su propuesta de referendo de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad y el cual, a buena hora, fue cuestionado y considerado no conveniente por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
Ahora, según parece de las declaraciones dadas a la prensa, su solución para frenar la violencia infantil se basa en otro tipo de medidas policivas: “los padres que traigan hijos al mundo de manera irresponsable pueden perder la custodia de sus hijos, sus empleos, sus derechos políticos y van a ser sancionados socialmente”[1], explicó la senadora. Queda claro que, aparentemente, para la señora Jiménez su tesis es que pobreza se combate con pobreza.
Por supuesto, las cifras que ella presenta de que, entre otros, anualmente 230.000 niños nacen en este país producto de embarazos no deseados, son alarmantes. Pero nada va a contribuir a corregir este fenómeno el que, además, los padres pierdan su empleo. Lo dicho: una tesis curiosa de que la pobreza se combate con pobreza. Ahora, ¿se habrá preguntado la senadora cuántos de estos embarazos son producto de padres empleados? ¿Y si son empleados y pierden su empleo, cómo van a garantizar el sustento de –quizás- el resto del núcleo familiar? ¿Dónde queda en su profunda reflexión la alta contribución a estos embarazos no deseados e “irresponsables” de los adolescentes?
Definitivamente un proyecto de ley que, de nuevo, mediante el uso de las políticas de garrote que la han caracterizado, no va a solucionar nada, sino solamente ahondar más en la problemática social de Colombia. Quizás debería la senadora estudiar un poco más y darse cuenta que la única solución a estos problemas se genera mediante estrategias claras de educación sexual y reproductiva y mediante la generación de oportunidades reales. Desde hace muchos años estudios serios demuestran que es más rentable invertir en prevención, que en corrección. Las cárceles y el castigo social y laboral no son la solución: son un factor más para la generación de pobreza y de la violencia que ella dice querer combatir.
Segunda perla: el proyecto de estatuto de estupefacientes y, dentro del mismo, su pretensión de prohibir fumar en las vías públicas, propuesto por el Ministerio del Interior y de Justicia. Yo no sé que se imaginó el genio que se inventó eso, pero pareciera que estaba precisamente bajo los efectos de algún estupefaciente. Soy fumador, comprendo y respeto que no se pueda fumar en lugares públicos cerrados e, inclusive, en escenarios deportivos. Y bueno, hasta cierto punto puedo entender la “nobleza” de quién lo redactó, en pretender que así se disminuya el consumo. Bien.
Pero mi crítica, además de que no comparto que no me dejen fumar en un espacio abierto como lo es la calle –más se “fuma” en la carrera décima o en la Caracas en Bogotá por culpa de los buses, que por el humo de segunda mano de un cigarrillo- , va es en el sentido de la aplicación real de la norma. En ninguna ciudad colombiana hay policías suficientes para evitar que le roben a uno el celular, para evitar que lo atraquen a uno con cuchillos a la salida de un banco, para evitar que lo asesinen por 5 pesos… ¿Habrá policía en cada cuadra ahora para perseguir fumadores? Si es así, bienvenida la norma, porque garantizaría que todo lo demás también lo perseguirían…
Pero como no va a ser así, la norma se va a reducir a lo de siempre: unas redadas estúpidas para “hacer creer a la opinión pública que están haciendo”, meterán a algunos “fumadores” –peligro para la sociedad- ante las cámaras de los noticieros en radiopatrullas para mostrar la noticia, mientras a sus espaldas rampantemente siguen acuchillando por una Blackberry. Creyera que la propuesta de norma del Mininterior obedeció más a la envidia de no poder sujetar un cigarrillo entre sus dedos, que a una reflexión real sobre su aplicabilidad.
Tercera perla: el matrimonio gay o, mejor dicho, el no matrimonio gay, o mejor dicho, la lavada de manos de la corte sobre la materia y la entrada triunfante de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Ya me había referido sobre el tema en una nota pasada [2]. Y sigue siendo escandaloso que en un país en el que –así “solo” sea constitucionalmente- se garantiza toda libertad de cultos y creencias, se presente ahora un proyecto que “reglamenta la objeción de conciencia” para “evitar esos matrimonios”.
“De hecho, la procuradora para la Infancia y la Familia, Ilva Miryam Hoyos, asistió al acto y dijo que, de aprobarse la iniciativa, los notarios podrían invocar la objeción de conciencia y negarse a unir parejas del mismo sexo. Incluso, los congresistas podrían abstenerse de votar proyectos, como el del matrimonio gay.”[3]
Por supuesto, la propuesta viene de la más insigne fuerza moral y electoral de nuestro país: los az-U-les, nada distinto que esperar, y hasta respetable: al fin y al cabo llevan años picando piedras con sus mandamientos… Pero, independientemente de sus creencias, ¿invocar “objeción de conciencia” en este caso? ¿Qué conciencia puede tener aquél que no permite ser felices a los demás si eso no afecta ni compromete la vida de otras personas?
Señores y señoras: el notario es el representante de la fe pública, el que acredita la veracidad de las acciones; no es juez competente para decidir qué le place o no debe ser –según su “conciencia”-. Consecuencia rápida de una objeción de conciencia de un notario (si se aprobara esa ley y llevado a un ámbito más real que nos toca a todos en un futuro, si no nos cuidamos):
“Oye, no: mi conciencia no me permite que vendan esa casa, se afectan las petunias del jardín… pero señor notario, es una transacción legítima, es más, las petunias las replantamos. … ah no, eso es un aborto: esas están apenas naciendo… pero señor notario, las petunias sobreviven en muchos espacios… ah no, usted está induciendo a que las petunias sean gays y objeto de nuevo…”
¿Ah? ¿Habrase visto? … Nada. El notario solo verifica la legitimidad del negocio, firma y punto. Qué tal que ahora entre a opinar sobre si le “gusta o no según sus creencias”… (¿se imaginan el nuevo boquete de “mordidas” que se abren para que “les gusten” las transacciones?)
En fin, como lo decía al inicio, sorprende tanto bandazo de ciego en un país que necesita leyes de verdad.
